Granollers fortalece la seguridad en la ronda del sur con un nuevo acuerdo que le permitirá instalar cámaras de videovigilancia y sancionar la circulación de vehículos pesados

El nuevo acuerdo es un paso adelante para hacer cumplir las regulaciones actuales y garantizar una movilidad más segura y sostenible.

El Ayuntamiento de Granollers ha aprobado un acuerdo de colaboración con el Generalitat de Catalunya y el servicio de tráfico catalán que le permitirá instalar cámaras de videovigilancia en el sur para detectar y sancionar los vehículos pesados ​​y el transporte de productos peligrosos que circulan de manera incorrecta. El objetivo es garantizar una movilidad más segura, sostenible y respetuosa con el entorno urbano.

El acuerdo acordó con el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y el Servicio de Tráfico Catalán establece un marco para la cooperación para hacer efectiva la prohibición de vehículos de más de 7.5 toneladas y transporte de mercancías peligrosas en la sección de la carretera C-352 entre las redondejas de las calles Lluís Companys y el Estado Terrades. Es un área especialmente sensible debido a su proximidad a los espacios residenciales y escolares.

Aunque la restricción de la circulación en esta sección ha estado vigente desde febrero de 2023, con este acuerdo, se desbloquea la posibilidad de hacer cumplir de manera efectiva las regulaciones a través de la implementación de elementos tecnológicos.

Medidas para reducir los riesgos y mejorar la calidad urbana

Las restricciones responden a los criterios de seguridad vial, sostenibilidad y coexistencia urbana. La circulación de grandes camiones de tonelaje representa un riesgo potencial, especialmente en caso de accidentes o incidentes con sustancias peligrosas. Además, estos vehículos tienen un impacto negativo en el pavimento, los muebles urbanos y la calidad ambiental.

Con la aprobación del acuerdo, el Ayuntamiento podrá instalar cámaras de lectura de registro y radares de control de velocidad, con la autorización previa del servicio de tráfico catalán. Las violaciones detectadas serán procesadas por la policía local y luego administradas por el Servicio de Tráfico Catalán, quien recolectará las sanciones derivadas.

Este acuerdo tendrá una validez inicial de cuatro años, extendible durante cuatro años más, y es un paso adelante para garantizar una movilidad más segura y sostenible, que al mismo tiempo permite responder a una reivindicación histórica del vecindario para reducir el impacto del tráfico pesado en el entorno urbano de los granoladores.